La reciente sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 10 de febrero de 2022 (asunto C-522/20), responde a la cuestión de si es discriminatorio que los nacionales de un país puedan interponer la demanda de divorcio tras residir en ese país seis meses, mientras que el resto de los ciudadanos comunitarios tienen que tener un año de residencia.
El artículo 3 del Reglamento 2201/2003 permite interponer la demanda de divorcio:
– En el país de la residencia habitual de los cónyuges, o
– En el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o
– En la residencia habitual del demandado, o
– En caso de demanda conjunta, en la residencia habitual de uno de los cónyuges, o
– En la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o
– En la residencia habitual del demandante si ha residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda, o
– En el país de la nacionalidad de ambos cónyuges.
La sentencia del TJUE se plantea si viola el principio de igualdad del artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el hecho de que los nacionales puedan acceder al divorcio residiendo seis meses y los no nacionales tengan que residir un año.
El TJUE señala que no es discriminatorio. Las normas de competencia judicial internacional buscan vinculación y los vínculos con el país de nacionalidad ya existen, como pueden ser vínculos institucionales, jurídicos, culturales, lingüísticos, sociales, familiares o patrimoniales, entre otros. Por tanto, que necesite menos tiempo de residencia el nacional para acceder al divorcio no infringe el principio de no discriminación por razón de nacionalidad.
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