A través de la Sentencia 1427/2024, del Tribunal Supremo de 30 de octubre, se modifica la doctrina mayoritaria sobre la aplicación judicial del derecho extranjero en los tribunales españoles, lo que tiene importantes implicaciones en procedimientos de familia donde, si no se prueba la vigencia y el contenido, puede llegar a desestimarse la demanda.
Sistema de Determinación de la Ley Aplicable
Cuando un asunto involucra elementos internacionales, el juez debe aplicar un derecho extranjero si así lo establece la norma de conflicto. En Derecho de Familia, esta norma de conflicto está regida por convenios internacionales y reglamentos comunitarios, como el Reglamento UE 2016/1103 (régimen económico matrimonial) o el Reglamento 1259/2010 (divorcio y separación).
¿Quién debe probar la vigencia y el contenido del derecho extranjero?
Si la norma de conflicto designa un derecho extranjero, corresponde a las partes probar su vigencia y contenido. El juez, según el artículo 12.2 del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tiene la obligación de conocer directamente el derecho extranjero. En caso de que no se pruebe, el derecho español puede aplicarse subsidiariamente.
Práctica Judicial Previa
Anteriormente, la mayoría de los tribunales aplicaban el derecho español subsidiariamente si no se probaba el derecho extranjero, incluso en situaciones donde el derecho extranjero era obligatorio, lo que hacía que la norma de conflicto fuera interpretada de manera más flexible.
La Decisión del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo cambió en su STS de 30 de octubre de 2024, dictaminando que, si la norma de conflicto designa un derecho extranjero (como el inglés en este caso), las partes deben probar su vigencia y contenido. De no hacerlo, no se podrá aplicar el derecho extranjero, y la demanda será desestimada.
Consecuencias para los Procedimientos de Familia
En procedimientos de familia, si no se prueba el derecho extranjero, el tribunal deberá optar por aplicar el derecho español, sobre todo en cuestiones de orden público como pensiones de alimentos o medidas de protección de menores. En este tipo de materias, resulta difícil aplicar un derecho extranjero que discrimine o vulnere el orden público español, lo que justifica la aplicación subsidiaria del derecho español.
Esta sentencia redefine la forma en que los tribunales españoles deben manejar los casos que involucran derecho extranjero, haciendo más estricta la prueba de su vigencia y contenido, y marcando un cambio en la práctica judicial.
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