Capitulaciones Matrimoniales

Las capitulaciones matrimoniales son un documento jurídico, que se puede otorgar antes o después de contraer matrimonio, que debe formalizarse siempre en escritura pública, cuyo fin es regular el régimen económico del matrimonio.

En España, existen distintos regímenes económicos matrimoniales. Los principales son el régimen de separación de bienes, el de gananciales y el de participación en las ganancias.

En los casos en los que no se haya otorgado escritura pública, regirá el régimen de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Estos pactos pueden otorgarlos todas las personas que tengan capacidad para otorgar contratos o capacidad de obrar y serán válidos durante el matrimonio y en el momento en que el vínculo matrimonial se rompa o se extinga (en los casos de divorcio, separación, nulidad o fallecimiento), momento en el que cobran especial relevancia.

Si alguno de los miembros de la pareja es extranjero (elemento extranjero) es muy importante que se otorguen capitulaciones matrimoniales en las que, además del régimen económico matrimonial, se regulen factores como la Ley aplicable en caso de divorcio y, en su caso, los tribunales competentes para conocer del mismo.

La invalidez de las capitulaciones matrimoniales se regirá por las reglas generales de los contratos y la anulación no perjudicará a terceros de buena fe.

Si en el contenido de las capitulaciones encontramos cláusulas que no respeten el contenido del artículo 1.328 del Código Civil (que sea contraria a las leyes o a las buenas costumbres o que limite la igualdad de derechos correspondientes a cada uno de los cónyuges), esas estipulaciones serán nulas.

Serán nulas las capitulaciones matrimoniales que no se hayan recogido en escritura pública o, en su caso, las protocolizadas en escritura pública si el matrimonio no se hubiera celebrado antes de un año desde que se otorgaron.

Tampoco serían válidas si los firmantes no tienen capacidad para contratar. En este sentido, hemos de decir que, si los dos contrayentes son mayores de edad y no fueran personas con discapacidad necesitadas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, no necesitarán ningún complemento de su capacidad.

Si alguno de los contrayentes es menor de edad no emancipado, necesitarán el complemento de capacidad de sus padres o tutores para el establecimiento de la sociedad de gananciales.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 370/2012 de 18 de junio, ha dispuesto que:

“El artículo 1.335 del Código Civil establece que la invalidez de las capitulaciones se regirá por las reglas generales de los contratos, por lo que, declarada la falta de causa, se produce un defecto estructural de dicho capítulo y el tipo de ineficacia que debe ser aplicado es la nulidad. De aquí que, ejercitada esta acción y declarada la nulidad, no pueda aplicarse el plazo de caducidad establecido en el artículo 1.301 del Código Civil, que rige para los casos de anulabilidad, como ha reiterado esta Sala”.

Es decir, no existe plazo de caducidad para interponer un procedimiento judicial, en los casos de contratos nulos.

Declarada la nulidad del contrato, procederá la restitución para intentar eliminar los efectos derivados de ese contrato que ha sido declarado nulo. Lo que busca el artículo 1.303 del Código Civil es que los cónyuges vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior a la firma de las capitulaciones matrimoniales.

En caso de nulidad de los contratos matrimoniales, los efectos de la nulidad tendrán efectos retroactivos. Es decir, son nulos desde el momento de su celebración y, en consecuencia, habría que aplicar el régimen económico supletorio en función del territorio.

La confirmación, subsanación y convalidación de los actos no serán posibles en los supuestos de nulidad absoluta.