El Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aborda en uno de sus artículos, un importante cambio en materia de trata de seres humanos, que a pesar del nombre, no solo afecta a los ciudadanos ucranianos sino a cualquier víctima de trata en España. A partir de su publicación, se permite que con un informe de las entidades sociales que tengan acreditada su condición de especialistas en víctimas de trata, estas puedan acceder a determinados beneficios.

Si bien es un cambio oportuno, la norma no aclara ciertos puntos y, por ende, da espacio a dudas.  Por ejemplo, no se explica que sucedería en caso de que el informe de los servicios sociales o las organizaciones contradigan a la identificación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, Mariano Calleja argumenta la necesidad de un equipo multidisciplinar para la identificación de las víctimas. Considera aconsejable que dentro de ese grupo se encontraran miembros de la fiscalía y la abogacía ya que cumplen un rol importante en la atención y protección de las víctimas.

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