Muchas parejas se ven obligadas a llegar a acuerdos particulares, que no presentan en los Juzgados, para evitar los costes que acarrea una separación legal.

Las rupturas matrimoniales han descendido un 10,7% en 2009. En concreto, se disolvieron 106.166 parejas frente a las 118.939 de 2008. Estos datos, publicados por el INE este mes de septiembre, son aparentemente esperanzadores, pero ¿significan que nos llevamos mejor? Desgraciadamente, no. Por un lado, ha disminuido el número de bodas, descenso que fuentes no oficiales –el INE no ha publicado este dato– cifran en un 6%. Por otro, la crisis económica ha obligado a muchas parejas a agudizar el ingenio y alcanzar acuerdos particulares que no presentan en los juzgados para evitar costes. Un ejemplo podría ser el de Ana y Pablo, casados desde hace ocho años, con dos niños pequeños y una casa en propiedad fuertemente hipotecada. Quieren divorciarse pero, ante la bajada del precio de la vivienda, con sus dos sueldos y la incertidumbre laboral, ven con realismo que no pueden ni vender ni adjudicársela ninguno de ellos. Además, con los gastos que tienen, apenas llegan a final de mes. Deciden compartir el domicilio y turnarse las salidas del mismo en fines de semana alternos.

Es decir, Ana sale un fin de semana y se queda Pablo con los hijos, mientras que Pablo lo hace el siguiente. De esta manera pueden seguir pagando la hipoteca, no tienen que cambiar a los niños de colegio y, en general, pueden todos mantener su nivel de vida, hecho que no se produciría nunca si uno de ellos tuviera que irse de casa. Lo cierto es que, aunque parezca difícil, funciona. Sobre las medidas inherentes a la ruptura, se observa que la custodia compartida continúa en auge: el 9.7% de los progenitores asume esta opción, mientras la madre obtiene la custodia en el 84% de los casos y el padre en el 5,6%. Las instituciones públicas y otros familiares se reparten el 0,7% restante.

La custodia compartida se introdujo en el Código Civil a través de una reforma del año 2005, aunque ya se ponía en práctica sin regulación legal con anterioridad a esta fecha. Inicialmente, el procedimiento habitual era mantener a los menores en el antiguo domicilio familiar, y que los padres alternaran las salidas y entradas. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a ponerse de manifiesto las dificultades de este método: además del coste de mantener tres viviendas –la familiar, la de la madre y la del padre–, cuando uno de los progenitores tenía nueva pareja, esta debía acoplarse a las mudanzas permanentes y, en el momento en que nacían nuevos hijos, el sistema se hacía inviable. Además, eran frecuentes las discusiones. por tensiones. típicas derivadas. de la convivencia. Esta fórmula acabó desechándose y actualmente los padres alternan la compañía de los hijos por semanas, quincenas, meses o trimestres. Los juzgados sólo exigen que se justifique el porqué del sistema propuesto en el Convenio Regulador y que los menores no resulten perjudicados.

[pull_quote_right]El 9,7% de los progenitores comparte la custodia de los hijos. mientras que la madre la obtiene en el 84% de los casos.[/pull_quote_right]

La Comunidad Autónoma de Aragón ha reformado la legislación para que la custodia compartida prevalezca sobre otras soluciones y, aparentemente, otras comunidades autónomas pretenden seguir esta tendencia. Sin embargo, esta forma de custodia, cuando es impuesta, puede presentar graves dificultades si ambos progenitores creen en diferentes sistemas educativos, como ya auguran muchos expertos. Otro dato interesante aportado por el INE se centra en la duración media de los matrimonios, que gira entorno a los 15,6 años. Un 29,7% se separó tras más de 20 años de convivencia, mientras que un 21% no permaneció ni cinco años juntos.

Por otro lado, el 64,6% de las demandas presentadas se ha tramitado de mutuo acuerdo, y el 35,4% restante, de manera contenciosa. Este índice supone un elevado porcentaje de pleitos contenciosos, por lo que se echa en falta una auténtica labor de mediación y esfuerzo de los abogados por solucionar conflictos. Muchos de los problemas planteados, que aparentemente hacen inviable el acuerdo, podrían arreglarse de manera amistosa, con sentido común y buena voluntad, lo que redundaría en beneficio de toda la familia y la economía familiar: tramitar un mutuo acuerdo cuesta menos dinero que el elevado coste económico derivado de un procedimiento contencioso en los juzgados.