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¿Me puedo divorciar si mi pareja vive en el extranjero?

Derecho de Familia Internacional
¿Me puedo divorciar si mi pareja vive en el extranjero?

Publicado por Isabel Winkels el 13 de mayo de 2026

, es posible iniciar un procedimiento de divorcio en España aunque el otro cónyuge resida en el extranjero. La principal dificultad en un procedimiento de divorcio internacional es la incertidumbre sobre la jurisdicción (competencia judicial internacional). Los tribunales españoles son competentes si se cumplen ciertos criterios de conexión, basada en la residencia o nacionalidad de los cónyuges. Si el demandante es español y lleva residiendo en España al menos seis meses se puede divorciar en nuestro país, lo mismo ocurre si es extranjero y lleva residiendo aquí un año o si ambos son nacionales españoles aunque residan fuera.

El proceso judicial puede ser de mutuo acuerdo, simplificando los trámites, o contencioso. Para evitar retrasos, es crucial asegurar la correcta notificación de la demanda en el domicilio del otro cónyuge y anticipar la necesidad del reconocimiento posterior de la sentencia española en el extranjero para que la disolución del matrimonio tenga plenos efectos en ambos países.

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¿Se puede divorciar uno en España si la otra parte reside fuera?

Sí, la clave reside en determinar la competencia de los tribunales españoles, para lo cual la ley establece varios criterios de conexión que permiten establecer el foro competente.
El supuesto más habitual es que el demandante tenga su residencia habitual en España durante un período determinado antes de presentar la demanda.

Otros criterios que otorgan la competencia a nuestros tribunales son, por ejemplo, que ambos cónyuges tengan la nacionalidad española o que España haya sido el último lugar de residencia familiar y uno de ellos todavía resida aquí.

Una vez se acredita esta conexión mediante la prueba documental pertinente (como un certificado de empadronamiento u otro tipo de indicios), el juzgado procederá a la admisión a trámite de la demanda, dando comienzo al procedimiento judicial. Por tanto, la distancia no es un impedimento si existe un vínculo suficiente que otorgue la competencia a los tribunales de nuestro país. En este tipo de procedimientos, contar con abogados de familia internacional resulta especialmente importante para garantizar una correcta coordinación jurídica entre distintos países y sistemas legales.

¿Qué juzgado o autoridad es competente en un divorcio internacional?

En un divorcio con componente internacional, es fundamental distinguir dos niveles de competencia. Primero, la competencia judicial internacional, que determina qué país tiene la jurisdicción internacional para tramitar la disolución del matrimonio. Dentro de la Unión Europea, en materia de divorcio esta cuestión se rige por el Reglamento Bruselas II ter, que establece foros basados en criterios como la residencia habitual de los cónyuges o del demandante o en la nacionalidad común de los cónyuges.

Una vez se confirma que la competencia corresponde a España, se debe determinar la competencia territorial, es decir, qué juzgado específico dentro del territorio español conocerá del caso. Esta se establece según las normas procesales internas de reparto, generalmente atendiendo al último domicilio familiar o a la residencia del cónyuge demandado, o si ninguno de esos criterios se produce, a elección del demandante.

Una correcta elección del foro es crucial en el derecho de familia internacional, ya que previene la inadmisión de la demanda, una posible declinatoria de competencia o conflictos de litispendencia con tribunales de otro país, garantizando así la seguridad jurídica del procedimiento.

Vías para tramitar el divorcio en España cuando el otro cónyuge está fuera

Tramitar un divorcio en España con un cónyuge en el extranjero es posible a través de dos vías. La vía más rápida y efectiva es el procedimiento de mutuo acuerdo, basado en la negociación entre las partes con la asistencia de sus abogados y, si es necesario, mediación. Culmina en un convenio que requiere ratificación judicial, o se puede llevar a cabo notarialmente si no existen hijos menores de edad. En ambos casos la intervención del abogado es obligatoria y la representación de un procurador es exigible en el divorcio notarial.

El divorcio contencioso es necesariamente judicial, que se interpone cuando no hay acuerdo. En el segundo de los escenarios, si el cónyuge se encuentra en el extranjero, un problema añadido será el de su correcta notificación.

Divorcio de mutuo acuerdo

El divorcio de mutuo acuerdo es la vía preferente para disolver un matrimonio en España cuando existe diálogo, ya que reduce el conflicto y agiliza notablemente el procedimiento. La clave de este proceso es el convenio regulador, un documento que funciona como un contrato entre los cónyuges. En él se pactan todas las medidas que regirán el futuro, como la custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda familiar y el reparto de los bienes.

La intervención de abogados especializados es fundamental para negociar y redactar un convenio justo y conforme a la ley, garantizando que los intereses de ambas partes, y especialmente de los menores, queden protegidos. Una vez firmado, este acuerdo se presenta ante el juez para su homologación, dotándolo de plena validez y convirtiéndolo en un título ejecutivo.

Divorcio Contencioso

El divorcio contencioso se convierte en la única vía cuando el acuerdo mutuo es inviable, ya sea por el silencio de un cónyuge, el bloqueo en las negociaciones o un conflicto irreconciliable sobre los hijos o los bienes. En este escenario, el reto para los abogados no reside únicamente en la defensa de los intereses del cliente, sino en asegurar que el procedimiento judicial avance de forma correcta y eficaz.

La prioridad es garantizar la correcta determinación de la competencia judicial y la interposición de la demanda, asegurando una notificación válida, un paso crítico si el cónyuge reside en el extranjero. Si la urgencia lo requiere, se solicitarán medidas provisionales para regular la situación familiar desde el inicio. Aunque la incomparecencia del demandado pueda derivar en una declaración de rebeldía procesal, la resolución final no es automática; dependerá siempre de la prueba aportada y practicada en la vista, donde se decidirán las medidas definitivas velando por el interés superior de los menores.

Divorcio en España con Cónyuge en el Extranjero: Documentación Clave

Iniciar un procedimiento de divorcio en España cuando su cónyuge tiene su residencia en otro país es totalmente viable. La clave para un proceso judicial sin demoras es una preparación documental impecable. A continuación, detallamos la documentación necesaria.

Documentos Siempre Necesarios

  • Certificado de matrimonio: Debe ser una copia literal y reciente. Si el matrimonio se celebró en el extranjero, el documento necesitará la apostilla de La Haya (o legalización consular) y una traducción jurada si no está en español.
  • Certificado de empadronamiento: si la competencia judicial internacional se basa en la residencia para acreditar su residencia habitual en España y fundamentar la competencia de nuestros tribunales.
  • Poder general para pleitos o apoderamiento apud acta en el juzgado.

Documentos Adicionales (Según el caso)

  • Si hay hijos menores en común: Se requieren sus certificados de nacimiento para regular las medidas sobre ellos.
  • Si se solicitan medidas: Será necesario aportar acreditación de ingresos y gastos de ambos progenitores.

Le asistimos en la obtención y correcta presentación de cada documento, garantizando que el proceso avance de forma eficiente hasta la inscripción final de la sentencia en el Registro Civil.

Hijos y medidas en un divorcio con cónyuge en el extranjero

En un procedimiento de divorcio con un cónyuge en otro país, la protección de los hijos es la máxima prioridad. El derecho de familia exige regular de forma precisa la responsabilidad parental para garantizar su estabilidad, abordando decisiones cruciales que marcarán su futuro.

Esto incluye determinar el tipo de custodia y un régimen de visitas adaptado a la distancia internacional, que asegure el contacto con ambos progenitores. También se fija la pensión de alimentos para cubrir sus necesidades. Además, el ejercicio de la patria potestad compartida implica acordar aspectos clave como la elección del colegio, la expedición o renovación del pasaporte y, fundamentalmente, la autorización para un futuro cambio de residencia a otro país.

La vía más recomendable es plasmar estos acuerdos en un convenio regulador. Pactar estas medidas proporciona seguridad jurídica y emocional a los hijos, evitando un procedimiento judicial contencioso, que puede ser largo y costoso. Un buen convenio previene conflictos futuros y facilita la ejecución de las medidas acordadas, garantizando que los derechos y obligaciones se cumplan sin importar las fronteras.

Bienes y régimen económico en un divorcio internacional

Una de las mayores preocupaciones en un divorcio internacional es el futuro del patrimonio. ¿Qué ocurre con la vivienda habitual, las cuentas bancarias, las deudas o los negocios de la pareja, especialmente si los bienes se encuentran en más de un país?

La clave para resolver esta incertidumbre reside en determinar la competencia judicial internacional para interponer la liquidación. Una vez determinado el tribunal competente hay que averiguar el derecho aplicable al régimen económico del matrimonio. Este puede ser el de sociedad de gananciales, separación de bienes u otro sistema, y su definición es un paso crucial en el procedimiento judicial.

Si los cónyuges estaban casados en gananciales o comunidad de bienes, una vez disuelto el vínculo, se inicia la fase de liquidación, que comienza con la elaboración de un inventario completo de todos los activos y pasivos.

Este inventario debe incluir todos los bienes y deudas, sin importar su ubicación en España o en varios países. Finalmente, se procede a la adjudicación de los mismos entre los cónyuges, buscando un reparto equitativo conforme a la ley. Un correcto asesoramiento es fundamental para proteger sus derechos patrimoniales y garantizar que el proceso se desarrolle con seguridad jurídica.


Isabel Winkels. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid desde el año 1987, Institución de la que es la actual Vicedecana desde el mes de enero del 2023.
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